La protección de datos en las tiendas online es un aspecto fundamental dentro del comercio electrónico y está regulada principalmente por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, junto con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) en España. Estas normativas establecen un marco legal que obliga a las tiendas online a tratar los datos personales de sus clientes de forma transparente, segura y responsable. A través de estas regulaciones, se busca garantizar que los usuarios mantengan el control sobre su información y que las empresas no hagan un uso indebido de ella.
Desde el momento en que un cliente entra a una tienda online, comienza el tratamiento de sus datos personales. Esto puede incluir información como la dirección IP, la ubicación geográfica, las cookies de navegación, el correo electrónico, nombre, dirección postal, número de teléfono, e incluso los datos bancarios o de tarjetas de crédito si se realiza una compra. La normativa exige que el usuario sea informado de forma clara y comprensible sobre qué datos se recogen, con qué finalidad se van a utilizar, durante cuánto tiempo se conservarán y si serán compartidos con terceros. Esta información debe estar disponible, generalmente, a través de la política de privacidad de la web.
Uno de los pilares de la regulación es el principio del consentimiento. Las tiendas online no pueden recopilar ni procesar datos personales sin el consentimiento expreso del usuario, salvo en los casos en los que sea necesario para cumplir con una obligación legal o contractual, como por ejemplo para completar un pedido o emitir una factura. Este consentimiento debe ser libre, informado, específico y revocable en cualquier momento. Por ello, las casillas premarcadas o las condiciones poco claras no se consideran válidas bajo el RGPD. Además, el usuario debe tener la posibilidad de gestionar sus preferencias de privacidad, lo que implica habilitar mecanismos para aceptar, rechazar o modificar el uso de cookies y otros rastreadores digitales.
Otro aspecto relevante de la regulación es la obligación de garantizar la seguridad de los datos. En concreto, desde Dapro nos recuerdan que las tiendas online deben implementar medidas técnicas y organizativas que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información personal. Esto implica desde el uso de conexiones cifradas mediante protocolos como HTTPS, hasta la protección de los servidores y bases de datos mediante cortafuegos, antivirus y sistemas de detección de intrusiones. También es fundamental limitar el acceso a los datos únicamente a las personas autorizadas y capacitar al personal en materia de protección de datos.
Además, la normativa contempla los derechos de los usuarios sobre sus datos personales. Los clientes tienen derecho a acceder a sus datos, rectificarlos si son incorrectos, suprimirlos cuando ya no sean necesarios, oponerse a su tratamiento en determinados casos, solicitar la portabilidad de estos y limitar su uso. Las tiendas online están obligadas a habilitar canales para que los usuarios puedan ejercer estos derechos de manera sencilla y gratuita. Asimismo, deben dar respuesta en un plazo máximo de un mes, salvo en casos excepcionales.
En caso de que se produzca una brecha de seguridad que afecte a los datos personales de los clientes, como un acceso no autorizado o la filtración de información sensible, la tienda online está obligada a notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en un plazo de 72 horas. Si la violación implica un alto riesgo para los derechos y libertades de los usuarios, también será necesario informar directamente a los afectados, describiendo las medidas adoptadas para mitigar los daños.
Por último, cuando una tienda online trabaja con terceros para prestar determinados servicios, como plataformas de pago, empresas de logística o herramientas de marketing, debe asegurarse de que estos proveedores cumplen también con la normativa de protección de datos. Para ello, se firman contratos que regulan el tratamiento de la información y que establecen claramente las responsabilidades de cada parte.
¿Qué multas existen en nuestro país por la vulneración de la ley de protección de datos?
En España, las multas por vulnerar la ley de protección de datos pueden ser muy elevadas y están reguladas principalmente por el RGPD de la Unión Europea y por la LOPDGDD. Estas sanciones dependen de la gravedad de la infracción y de factores como la intencionalidad, la reincidencia o el volumen de datos afectados. Así, las infracciones se clasifican en dos grandes grupos: leves y graves, aunque el RGPD establece dos niveles principales de sanciones económicas.
El primer nivel contempla multas de hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio anual global del infractor (la cantidad que sea mayor), y suele aplicarse a infracciones relacionadas con obligaciones internas de la empresa, como no tener un registro adecuado de actividades de tratamiento, no notificar una brecha de seguridad en el plazo establecido o no contar con contratos adecuados con encargados del tratamiento.
El segundo nivel es más severo, con multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual global. Se aplica a infracciones que afectan directamente a los derechos y libertades de las personas, como la falta de consentimiento válido para el tratamiento de datos, el incumplimiento de los principios básicos del tratamiento, como la minimización de datos o la limitación de la finalidad, y el incumplimiento de los derechos de los interesados (como el derecho de acceso, rectificación, supresión, etc.).
Además de las multas, las empresas pueden verse obligadas a corregir sus prácticas, eliminar los datos recabados ilegalmente o suspender determinados tratamientos. También puede haber un impacto reputacional muy significativo si se hace pública una sanción, lo que puede afectar la confianza de los clientes.
